Por qué importa

Los gremios argumentan que la modificación aprobada por el Congreso, pese a su propósito legítimo, generaría el efecto contrario: un régimen excesivamente punitivo ante incumplimientos podría llevar a las empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo, reduciendo las oportunidades de negocio para los más pequeños.

El panorama general

La Ley de Reconstrucción fue despachada con cambios al pago a 30 días, pero el Ejecutivo los vetó. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que al eliminar todas las excepciones al pago a 30 días, las empresas podrían regular la entrega de facturas, dejando a los proveedores sin financiamiento.

  • El veto también cubre otros dos temas: el fin del anatocismo y el olvido financiero.
  • La ley original de pago a 30 días sigue vigente mientras se resuelve la controversia.

Qué sigue

Los gremios solicitarán a la Comisión de Hacienda respaldar el veto. Su propuesta es que el pago a 30 días se aborde en el Estatuto Pyme 2.0, un proyecto comprometido por el presidente José Antonio Kast y los ministerios de Hacienda y Economía.

Según la declaración, ese proyecto incluirá medidas para mejorar el acceso al financiamiento, impulsar la productividad, reducir trabas regulatorias y generar mejores condiciones para el crecimiento de las pymes.

Entre líneas

La postura gremial no rechaza el pago a 30 días, sino el diseño específico de la modificación aprobada. Al pedir que se trate en una iniciativa separada, buscan una regulación más consensuada con incentivos positivos, aunque el resultado final dependerá de cómo avance el debate legislativo.