El estado de las cosas

El tribunal fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía complete la indagatoria. Durante ese período, Del Pozo deberá permanecer en su domicilio durante la noche y no podrá contactar a las denunciantes.

Los delitos imputados incluyen:

  • Violación con uso de fuerza: ocurrida en octubre de 2020, cuando Del Pozo era concejal. Según la Fiscalía, citó a una funcionaria a su domicilio con el pretexto de hablar de temas laborales y luego la atacó.
  • Amenazas: en noviembre de 2022, ya como alcalde, habría amenazado con despedir a una segunda trabajadora por negarse a bailar con él en una actividad laboral.
  • Abuso sexual por sorpresa: dos episodios contra esa misma víctima, en enero y septiembre de 2023, dentro de la oficina del alcalde y en una celebración de trabajo.

Por qué importa

Las acusaciones vinculan el cargo público con la presunta comisión de delitos sexuales contra subordinadas. Ambas víctimas trabajaban bajo la dependencia directa del imputado, lo que refuerza el cuestionamiento sobre el uso de la posición jerárquica para ejercer coerción.

Además, Del Pozo arrastra antecedentes judiciales previos: en octubre de 2024, un día después de ser reelecto, fue detenido por violencia intrafamiliar.

Entre líneas

La formalización se concretó meses después de las denuncias. El fiscal explicó que los casos de delitos sexuales requieren pericias especializadas antes de presentar cargos. El hecho de que las víctimas fueran empleadas a contrata —sin estabilidad laboral— agrega una capa de vulnerabilidad que la investigación deberá aclarar.

Qué sigue

La Fiscalía deberá presentar los resultados de la investigación en un máximo de tres meses. Dependiendo de las pruebas, podría solicitar la acusación formal o el sobreseimiento. Si es condenado por violación, Del Pozo arriesga más de siete años de cárcel. El proceso también podría derivar en su suspensión o destitución como alcalde.