Lo que cambia

La nueva ley propone un sistema mixto de admisión para establecimientos con sobreoferta de postulantes. Combina dos mecanismos:

  • Elección mutua: los colegios pueden asignar una parte de sus vacantes usando criterios como el mérito académico o la coherencia con su proyecto educativo. No pueden exigir antecedentes socioeconómicos ni cobrar por postular.
  • Asignación aleatoria: el resto de los cupos se distribuye por sorteo, como funciona actualmente.

La postulación se mantiene centralizada a través de una plataforma única del Ministerio de Educación. Los colegios que usen la elección mutua deben reservar al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales.

Por qué importa

La reforma responde a críticas acumuladas durante una década de funcionamiento del SAE. El gobierno sostiene que el sistema actual dejó la asignación de vacantes casi completamente al azar, sin considerar el esfuerzo de los estudiantes ni las particularidades de los proyectos educativos de cada colegio.

El proyecto fue respaldado transversalmente, pero recibió votos en contra de las bancadas del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que advierten que permitir criterios propios de selección puede abrir la puerta a la discriminación.

Las voces discordantes

  • Ministra de Educación, María Paz Arzola: “Lleva 10 años funcionando, 10 años en que hemos conocido testimonios de postulantes a quienes no se les ha reconocido el mérito”.
  • Diputado Luis Pardo (RN): calificó la votación como un “cambio histórico” que “devuelve a los padres el derecho a elegir”.
  • Diputada Eileen Urqueta (PDG): respaldó el proyecto pero advirtió que en zonas rurales con un solo establecimiento la libertad de elección es solo teórica si no se crean nuevas opciones educativas.

Qué sigue

El proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde deberá ser discutido y votado en segundo trámite constitucional. Si se aprueba, el nuevo sistema comenzará a regir el año siguiente a la publicación de la ley, con una implementación gradual que definirá un reglamento del Ministerio de Educación.

La ministra Arzola adelantó que el gobierno también impulsa otra iniciativa para ampliar la oferta de establecimientos de calidad, buscando que la reforma no se limite a cambiar el sistema de admisión sino que también genere más alternativas educativas en los territorios.