El estado de las cosas

El texto instruye a todos los ministerios a "dejar inmediatamente sin efecto aquellos actos administrativos que impongan el uso del lenguaje inclusivo" y a ordenar por decreto el "correcto uso del idioma castellano", prohibiendo "cualquier distorsión gramatical en función del género, etnia u otro tipo de clasificación identitaria".

  • Fue impulsado por parlamentarios de la UDI y apoyado por la derecha oficialista, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG).
  • El proyecto de resolución es un instrumento que expresa una opinión o petición al Ejecutivo, sin carácter obligatorio.

Lo que dicen

El diputado republicano Cristián Araya celebró la votación señalando que "durante años se ha gastado dinero en hacer manuales de cómo hablar y comportarse. Esto se termina. ¡Chao a la dictadura woke!".

Desde la sociedad civil, María José Cumplido, directora de Fundación Iguales, criticó la medida: "El Estado no debería decirle a nadie cómo hablar. El lenguaje está vivo y cambia constantemente, y eso los políticos no lo podrán evitar aunque quieran".

Entre líneas

El conflicto no es solo gramatical. Durante el gobierno de Boric (2022-2026), la Subsecretaría de las Culturas publicó en noviembre de 2022 una guía oficial para el uso del lenguaje inclusivo en el Estado. Quienes defienden la resolución consideran esa política como una "imposición ideológica", mientras que sectores críticos la ven como un intento de restringir derechos y expresiones ciudadanas.

Qué sigue

El presidente Kast puede acoger o no la solicitud de la Cámara. Si decide implementarla, debería emitir un decreto que ordene a los ministerios dejar sin efecto las circulares previas. La medida, sin embargo, no impediría que el lenguaje inclusivo se use de forma espontánea en la sociedad: el debate queda abierto.