Por qué importa

El proyecto modifica la Ley 21.325 y apunta a resolver uno de los problemas más recurrentes en la gestión migratoria chilena: la baja tasa de expulsiones efectivas. Al dotar de más facultades a la Subsecretaría del Interior y a la Policía de Investigaciones, busca cerrar loopholes que hoy permiten a personas con orden de expulsión permanecer en el país sin consecuencias inmediatas.

El estado de las cosas

Hasta ahora, la ley fija en tres años el plazo mínimo de prohibición de reingreso para quienes son expulsados administrativamente. La Cámara había aprobado elevarlo a cinco años, pero el Senado eliminó esa disposición. Ese punto deberá resolverlo ahora una comisión mixta de diputados y senadores.

El resto del texto fue aprobado con amplio respaldo: 125 votos a favor y 13 abstenciones.

Lo que cambia

El proyecto introduce varias modificaciones al procedimiento actual:

  • Nueva causal de expulsión: la "grave afectación al orden público" se suma a las existentes (seguridad interior o exterior).
  • Registro de datos biométricos: el Servicio Nacional de Migraciones podrá exigir información a personas y funcionarios para ubicar a extranjeros en situación irregular, con excepción de niños, niñas y adolescentes, establecimientos educacionales y de salud.
  • Reducción de plazos legales: el tiempo para reclamar una expulsión ante tribunales baja de diez a cinco días.
  • Ingreso policial a domicilios: se permite con autorización judicial previa.
  • Expulsión inmediata: la medida sigue vigente desde que se decreta hasta que se ejecuta, y solo puede dejarse sin efectos por causas fundadas.

Además, se propone sustituir la pena de cárcel por expulsión en casos de primera infracción por microtráfico de drogas.

Entre líneas

El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa anunció una reserva de constitucionalidad al argumentar que algunas normas no alcanzaron el quórum requerido y que la reducción de plazos afecta el debido proceso. Desde la oposición, en tanto, parlamentarias republicanas defendieron el proyecto como una herramienta clave para el control migratorio, mientras que una diputada de Renovación Nacional propuso elevar la prohibición de reingreso a diez años.

Qué sigue

La comisión mixta deberá resolver la discrepancia sobre el plazo mínimo de reingreso. Si logra un acuerdo, el texto volverá a ambas cámaras para su votación final. De no haber consenso, el proyecto podría naufragar o requerir nuevas negociaciones.