El trasfondo

Las organizaciones Fundación Libera y Ecoceanos presentaron antecedentes sobre presuntos casos de trabajo forzoso en Chile ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Esa investigación derivó en el arancel anunciado la semana pasada.

El gobierno chileno también envió una delegación a esas audiencias para intentar evitar la medida, sin éxito.

Lo que dicen

  • El canciller sostuvo que las denuncias “no se ajustan a los hechos” y pidió unidad nacional para defender la capacidad exportadora, que impacta directamente en el empleo.
  • La presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, negó que la entidad buscara perjudicar al país. En una carta, señaló que su propuesta proponía sustituir los aranceles por un programa de acciones estructurales para abordar las denuncias de trabajo forzoso.

Entre líneas

El episodio revela tensiones entre el gobierno y organizaciones de derechos laborales que recurren a foros internacionales cuando consideran insuficientes las respuestas locales. La acusación de “error” no solo cuestiona el fondo de las denuncias, sino que abre nuevamente la pregunta sobre quién financia a estas ONG, tema que el canciller no abordó directamente pero que ha resurgido en el debate público.

Qué sigue

Cancillería y el sector exportador buscan mitigar los efectos del arancel mediante gestiones diplomáticas y coordinación con gremios. El llamado a la unidad sugiere que el gobierno priorizará una estrategia conjunta con los empresarios antes que revisar el fondo de las acusaciones de trabajo forzoso.