El panorama general

El registro apunta a personas condenadas por delitos como atentados contra carabineros o personal de salud, tráfico de drogas, retención del transporte público y daño a monumentos nacionales. También castiga incivilidades: consumir drogas en la vía pública, rayar sin autorización o destruir equipamiento comunitario.

Quien figure en la lista no accederá a gratuidad universitaria, Pensión Garantizada Universal (PGU) ni subsidio de arriendo. Además no podrá obtener o renovar licencia de conducir ni pasaporte, ni realizar trámites vehiculares.

Entre líneas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró que las sanciones deben ser aplicadas por tribunales (juzgados de garantía o de policía local). Dijo que no hay espacio para arbitrariedades. Sin embargo, varios alcaldes señalan que los beneficios afectados –como gratuidad y PGU– los reciben mayoritariamente personas vulnerables. El jefe comunal de La Cisterna, Joel Olmos, calificó la medida como "clasista".

Lo que dicen

  • Alcaldes de derecha: respaldan la iniciativa y creen que desincentiva la delincuencia.
  • Alcaldes de izquierda: critican que castiga a los pobres y no ataca las causas estructurales de los problemas.
  • Subsecretario Pavez: defiende que el proceso será judicial, no administrativo ni discrecional.

Qué sigue

El proyecto de ley ya fue firmado por Kast y debe ser aprobado en el Congreso. La discusión legislativa definirá el alcance final de las restricciones y los delitos incluidos.