El trasfondo

El proyecto "Escucha su corazón" busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario para exigir que, antes de que una mujer manifieste su voluntad de abortar, el médico le ofrezca escuchar los latidos del embrión o feto. Si la paciente rechaza la oferta, el médico debe negarse a realizar el procedimiento.

  • El proyecto original aplicaba a las tres causales legales (riesgo vital, inviabilidad fetal y violación).
  • Tras su modificación, excluye la causal de riesgo vital, limitándose a inviabilidad fetal y violación.
  • Fue impulsado por diputados del Partido Republicano, Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario.

Entre líneas

El Colmed cuestiona la ética de imponer por ley una intervención específica en situaciones de profundo sufrimiento. La organización sostiene que el consentimiento informado debe ser un proceso de diálogo libre de coerción, no una herramienta de persuasión.

La postura del gremio se alinea con estándares internacionales de la OMS, la FIGO y el American College of Obstetricians and Gynecologists, que definen el consentimiento como "individualizado, libre de coerción y centrado en la autonomía de la persona". El proyecto, en cambio, condiciona el acceso al aborto a un acto que no tiene respaldo clínico ni ético.

Qué sigue

El proyecto deberá ser discutido en el Congreso, pero el rechazo del Colmed y de figuras del oficialismo podría dificultar su avance legislativo. La exministra Karla Rubilar y la exsenadora Lily Pérez, ambas del oficialismo, se sumaron a las críticas, lo que muestra fisuras dentro de la coalición gobernante.

No hay una fecha definida para la votación de la iniciativa. La oposición política al proyecto se ha ampliado, pero sus impulsores mantienen el control de la agenda en ciertas comisiones clave.

La imagen completa

El proyecto refleja un intento de restringir el acceso al aborto en Chile, en un contexto de debate político polarizado. La modificación para excluir la causal de riesgo vital buscó hacerlo más viable, pero el rechazo ético y político sugiere que enfrenta un camino cuesta arriba. La discusión trasciende lo legal: pone en el centro si el Estado puede imponer rituales médicos a pacientes en situación de vulnerabilidad.