Los hechos del caso

La Fiscalía Centro Norte acreditó que Nazal, entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), presentó solicitudes de interceptación telefónica con antecedentes falsos. Poblete, como juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, autorizó esas medidas sin verificar su veracidad.

  • En al menos 15 oportunidades se intervinieron teléfonos de periodistas, exoficiales del Ejército y denunciantes de irregularidades.
  • Las escuchas apuntaban a quienes investigaban casos de corrupción militar, conocidos como "Milicogate".
  • La excusa de "amenazas a la seguridad nacional" no tenía sustento real, según la investigación.

Ambos aceptaron un juicio abreviado, mecanismo que exige reconocer los hechos y permite reducir penas. Originalmente la Fiscalía pedía 20 años de cárcel.

Las penas y el procedimiento

La condena impone cinco años de presidio con libertad vigilada intensiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. Los imputados permanecieron más de dos años en prisión preventiva durante la investigación, tiempo que se descontó de la pena.

El acuerdo contó con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los abogados de las víctimas. La fiscal Ximena Chong calificó la resolución como "una salida satisfactoria" que consolida una condena sin necesidad de juicio oral.

Por qué importa

El fallo marca un límite a la colaboración entre el poder judicial y los servicios de inteligencia. Se trata de un caso donde un juez utilizó su cargo para legalizar actividades de espionaje que vulneraron derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión y la privacidad.

El periodista Mauricio Weibel afirmó que "no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas que investigan corrupción". Su abogada, Karinna Fernández, sostuvo que "cuando se interviene el teléfono de un periodista, se interviene la democracia misma".

Lo que viene después

Ambos condenados cumplirán la pena en libertad vigilada intensiva, lo que implica controles periódicos y restricciones de movimiento. La Fiscalía dio por cerrada la investigación del caso Operación Topógrafo, aunque no se descartan nuevas aristas si aparecen más víctimas o funcionarios involucrados.