Por qué importa

La ley resuelve una deuda generada por el retraso en la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020-2024, postergado tras el estallido social y la pandemia. Durante esos 43 meses, las distribuidoras cobraron tarifas distintas a las que correspondían, acumulando un déficit que ahora se ordena sin impacto inmediato en los bolsillos.

Los números que importan

  • Deuda total: US$ 900 millones con empresas como CGE, Enel Distribución, Grupo Saesa y Chilquinta.
  • Mecanismo de pago: cargo de $5 por kWh entre 2028 y 2035.
  • Compensación: en 2028 el cargo por deuda con generadoras bajará de $22 a $9 por kWh, lo que absorberá el nuevo cobro y permitirá una reducción neta de $8 por kWh.
  • Subsidio: extendido hasta 2027 para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
  • Alternativa sin ley: alza inmediata del 4% a nivel nacional, con picos de hasta 20% en algunas regiones.

La otra cara

La oposición cuestionó el sistema de repartición de la deuda, que traslada el costo a todos los consumidores. La ministra de Energía, Ximena Rincón, defendió el principio de solidaridad: permite que regiones con mayor impacto tarifario, como Los Lagos y Los Ríos, tengan contención en sus cuentas.

Además, el proyecto incluyó mejoras en la tramitación legislativa:

  • Un protocolo de acuerdo con la comisión de Minería y Energía del Senado para modernizar la distribución eléctrica y mejorar la calidad del servicio.
  • Indicaciones que protegen a personas electrodependientes y prohíben a las empresas incluir multas de la SEC en las cuentas de luz.

Qué sigue

La ley ya está en condiciones de ser promulgada. A partir de mañana, la Comisión Nacional de Energía podrá renegociar, por una sola vez, contratos de suministro con generadoras para buscar reducciones tarifarias adicionales. El pago de la deuda comenzará en 2028, cuando el mercado ya proyecta una baja general en las tarifas eléctricas.