Por qué importa

La Ley N° 20.880 exige que autoridades y funcionarios públicos presenten y actualicen anualmente su DIP entre el 1 y el 31 de marzo. El objetivo es prevenir conflictos de intereses y garantizar transparencia en la gestión municipal.

  • El incumplimiento detectado abarca desde Arica hasta Cabo de Hornos, en 12 de las 16 regiones del país.
  • Los alcaldes apercibidos pertenecen a comunas como San Rosendo, Empedrado, Melipeuco, Cabo de Hornos, Rinconada, Los Muermos, Los Sauces, Toltén, San José de Maipo, Sierra Gorda, Santo Domingo, Quintero, Arica y Lota.

Lo que cambia

La Contraloría iniciará procedimientos sancionatorios formales si vence el plazo sin que los alcaldes envíen sus declaraciones. Las sanciones que establece la ley son:

  • Multa de 5 a 50 UTM (entre $357.530 y $3.575.300 aproximadamente).
  • Si pasan cuatro meses desde la multa inicial y la autoridad sigue sin regularizar, puede ser destituida del cargo.

El estado de las cosas

Entre los alcaldes apercibidos hay uno que ya enfrenta una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno (Juan Galdames, de Rinconada). La Contraloría aplicó esta revisión como parte de su proceso habitual de control de las DIP, sin que se haya informado si existe algún patrón regional o político en los incumplimientos.

Qué sigue

Los 15 alcaldes tienen hasta mediados de junio para entregar sus declaraciones. Si no lo hacen, comenzarán las multas y, eventualmente, el proceso de destitución que podría extenderse varios meses. La Contraloría mantiene la facultad de fiscalizar de oficio a otras autoridades que también estén rezagadas.