El estado de las cosas

La auditoría revisó contrataciones, pagos, coordinación interinstitucional y el cumplimiento de actividades del período 2021-2030. Los resultados principales:

  • Subsecretaría del Medio Ambiente no acreditó contar con procedimientos, lineamientos ni directrices para monitorear el avance de las medidas. Hasta marzo de 2026 no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos.
  • Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Directemar tampoco acreditaron gestiones para promover programas de prevención, recolección, valorización o disposición adecuada de residuos marinos. Tampoco difundieron experiencias del sector privado y la sociedad civil, como estaba previsto desde 2022.
  • No se realizaron las capacitaciones semestrales comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos. La subsecretaría carecía de una planificación para implementar esta medida, también prevista desde 2022.

Entre líneas

El problema central no es solo el retraso, sino la ausencia de mecanismos básicos de control. Sin procedimientos para medir avances, la estrategia opera sin retroalimentación, lo que impide corregir el rumbo a tiempo. La auditoría sugiere que la coordinación entre las tres instituciones responsables nunca funcionó como se diseñó.

Además, la falta de capacitación y difusión con actores locales —municipios, escuelas— deja fuera la participación ciudadana y del sector privado, pese a que la estrategia los consideraba socios clave.

Qué sigue

La Contraloría mandató a la Subsecretaría del Medio Ambiente a elaborar y remitir, en un plazo de 60 días hábiles, los procedimientos y directrices para monitorear las acciones comprometidas. Este plazo vence durante el segundo semestre de 2026.

La pregunta abierta es si el resto de las instituciones involucradas también ajustarán sus gestiones, o si el plan seguirá acumulando incumplimientos hasta su fecha límite en 2030.