Lo que dice el fallo
La Contraloría determinó que la Subsecretaría de Pesca, liderada entonces por Julio Salas, violó la Ley General de Pesca y Acuicultura al abrir pesquerías cerradas y en plena explotación. Los principales incumplimientos fueron:
- No realizar consultas previas al Consejo Zonal ni al Comité de Manejo
- Usar la Ley de Fraccionamiento Pesquero como justificación, pese a que esa norma solo modifica cuotas entre sectores
- Carecer de sustento técnico suficiente para respaldar la apertura del registro
La resolución involucraba especies como jurel, jibia, reineta, merluza de cola y langostinos.
Por qué importa
En juego están los medios de vida de miles de personas. Según cifras de organizaciones artesanales, la invalidación podría dejar sin empleo a casi 5 mil armadores registrados, lo que impactaría a más de 20 mil pescadores que dependen de esa actividad.
El conflicto enfrenta a la pesca industrial —agrupada en Sonapesca, que impulsó la denuncia— contra el sector artesanal, que pide corregir los errores sin excluir a los beneficiados.
Entre líneas
El biministro de Economía, Daniel Mas, calificó el caso como "otra ilegalidad de la administración anterior" y dijo que "parece ser que era un estilo de gobernar". La exministra Carolina Tohá respondió que Mas busca "tirarle la responsabilidad" al exministro Grau en medio de una acusación constitucional.
La controversia se suma a un informe previo de Contraloría sobre irregularidades en el Censo durante el gobierno anterior, también criticado por Mas.
Qué sigue
La Subsecretaría de Pesca actual, encabezada por Osvaldo Urrutia, tiene 15 días hábiles para informar a la Contraloría las medidas adoptadas. El gobierno dijo que aplicará la ley buscando "causar el menor perjuicio posible" a los pescadores afectados, pero no detalló cómo lo hará.
La imagen completa
El fallo expone una falla administrativa del gobierno anterior y un conflicto no resuelto entre sustentabilidad pesquera, presión gremial y necesidades laborales. Sin una solución intermedia, el riesgo es que miles de pescadores queden fuera del sistema sin que la ley ofrezca una salida clara.
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