Por qué importa
La Contraloría objetó que el ministerio eliminara o redujera exigencias sin entregar fundamentos técnicos ni realizar una consulta pública. El organismo señaló que las modificaciones “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”.
Los cambios que buscaba el gobierno
La propuesta del Ejecutivo incluía:
- Aumentar la antigüedad máxima de operación de 12 a 15 años.
- Subir la antigüedad mínima para la primera inscripción de 1 a 5 años.
- Eliminar la exigencia de cilindrada mínima (1.400 cc) y potencia del motor.
De Grange argumentó que el reglamento anterior amenazaba con dejar a un 85% de los usuarios sin servicio y reducir la oferta en similar proporción, lo que encarecería tarifas y alargaría tiempos de espera.
Lo que dice la Contraloría
El oficio firmado por la contralora Dorothy Pérez detalla que el decreto “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas” sin que consten “fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justifiquen tales medidas”. También reprochó que no se explicara por qué se omitió la consulta pública.
Agregó que la administración puede definir exigencias, pero al bajar estándares necesita justificaciones más sólidas, “máxime si ello redunda directamente en el estándar mínimo exigible a otros servicios de transporte”.
Reacciones
Los gremios de taxistas celebraron el rechazo. El vocero de Taxis de Chile, Claudio Morales, acusó que los cambios buscaban “abrirle las puertas a las plataformas” y no igualar condiciones como pedían. El diputado Jaime Mulet calificó la propuesta como un exceso del ministro.
Qué sigue
El Ministerio de Transportes debe corregir el decreto, incorporar los fundamentos que exige la Contraloría y definir un plazo para que los taxis comuniquen su adscripción a empresas de aplicación. El gobierno puede reingresar la propuesta con los ajustes solicitados.