Por qué importa
Las órdenes geofence permitían a la policía dibujar un área virtual en un mapa y exigir a empresas como Google que identificaran a todos los usuarios dentro de esa zona en un momento específico. El tribunal consideró que esto constituye un registro inconstitucional cuando no hay una causa probable previa.
- El caso comenzó con un robo en Virginia en 2019. La policía usó una orden geofence de 150 metros alrededor del banco, durante una hora.
- Google entregó inicialmente datos anónimos de 19 personas, luego redujo a tres identificados.
- Uno de ellos, Okello Chatrie, fue arrestado, confesó y fue condenado.
- La defensa argumentó que la orden sometió a millones de usuarios inocentes a una búsqueda.
Entre líneas
La mayoría rechazó la idea de que al usar un teléfono la persona “comparte voluntariamente” su ubicación con terceros, lo que habría activado la doctrina del tercero. La jueza Elena Kagan escribió que la policía invade un interés constitucional protegido incluso cuando pide datos por poco tiempo y a una empresa tecnológica.
Seis jueces coincidieron en que la privacidad persiste más allá de la tecnología utilizada. La disidencia menor argumentó que el análisis debía hacerse app por app, pero no logró imponer ese criterio.
Qué sigue
El caso vuelve a una corte de apelaciones para evaluar si la orden específica contra Chatrie fue válida. Sin embargo, el fallo ya sienta una regla general: cualquier obtención de datos de ubicación histórica desde un teléfono requiere orden judicial.
Defensores de la privacidad celebraron la decisión. Grupos tecnológicos como la Computer & Communications Industry Association (que incluye a Google y Apple) también la respaldaron, señalando que clarifica los límites legales para las fuerzas del orden.