Por qué importa

El caso pone a prueba los límites de las bonificaciones por desempeño en el sector público: las metas eran institucionales, pero los beneficios se entregaron a funcionarios que no participaron en su cumplimiento. Yeomans cuestiona si es legal que asesores de la actual administración —del presidente José Antonio Kast— cobren por logros del gobierno anterior.

Además, el reclamo se da en medio de llamados oficiales a la austeridad. La propia diputada calificó los pagos como “impresentables” frente al escenario fiscal que el mismo gobierno reconoce como restrictivo.

El dato clave

  • Los bonos superaron los $11 millones por persona en algunos casos.
  • Beneficiaron a directivos y jefes de unidades de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y asesores cercanos al ministro Quiroz.
  • Las metas corresponden a la gestión de Gabriel Boric (2022-2026), no al gobierno actual.

Lo que pide Yeomans

La diputada solicitó a la Contraloría que se pronuncie sobre cuatro puntos:

  • La procedencia legal de los bonos pagados a asesores del Ministerio de Hacienda.
  • Si es válido asignarlos cuando las metas fueron ejecutadas por otras personas.
  • Si su otorgamiento se ajustó a la normativa vigente.
  • Si corresponde adoptar medidas administrativas ante posibles irregularidades.

Qué sigue

La Contraloría deberá emitir un dictamen sobre la legalidad de los pagos. Dependiendo de su fallo, podrían activarse procesos administrativos para recuperar los montos o sancionar a los responsables. El gobierno de José Antonio Kast aún no se pronuncia oficialmente sobre el caso.