Cómo llegamos aquí

La ley chilena ya permitía interceptar comunicaciones y usar agentes encubiertos para delitos como explotación sexual infantil o producción de pornografía de menores. Sin embargo, la norma no cubría nuevas formas de acoso digital ni incluía la figura del agente revelador —un equipo técnico usado con éxito en investigaciones de crimen organizado y drogas.

El proyecto fue impulsado por una moción transversal de diez parlamentarios, entre ellos las diputadas Chiara Barchiesi, María Francisca Bello y Catalina Del Real.

Lo que cambia

El texto aprobado introduce tres modificaciones clave:

  • Agentes reveladores: permite que la policía use este recurso (ya autorizado para otras investigaciones) en la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
  • Nuevo delito: tipifica como ilícito “determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual” o a presenciar, recibir o exhibir material pornográfico.
  • Informe al Congreso: el Ministerio de Seguridad y las policías deberán entregar, en un plazo de un año, un reporte sobre las capacidades de investigación de cibercrimen en cada región.

Además, se amplía la autorización judicial para interceptar telecomunicaciones y grabar imágenes en lugares cerrados cuando existan fundadas sospechas.

Qué sigue

El proyecto pasó a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde deberá ser discutido y votado. Durante la tramitación en la Cámara también se aprobó, con 80 votos a favor, una indicación de transparencia que busca fiscalizar el uso de estas herramientas a nivel regional.

La imagen completa

La votación refleja un consenso transversal sobre la urgencia de actualizar las herramientas legales frente al avance de la criminalidad organizada en entornos digitales. El desafío ahora será equilibrar la efectividad investigativa con las garantías de privacidad, un debate que probablemente marcará la discusión en el Senado.