Diputados llevan a Quiroz a Contraloría por conflicto de interés
El panorama general
Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) acusan a Quiroz de no declarar el vínculo de su hermano, Víctor Quiroz, con la empresa Quiroz y Puelma Arquitectos, una firma ligada al rubro inmobiliario.
Según los parlamentarios, esta empresa podría verse beneficiada por las medidas tributarias que el Gobierno impulsa en el proyecto de reconstrucción. Por eso piden a Contraloría que determine si el ministro incumplió las normas de probidad y transparencia. También solicitan evaluar si debe inhabilitarse de la tramitación de la reforma.
Entre líneas
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió en defensa de Quiroz y afirmó que la declaración de patrimonio e intereses del jefe de Hacienda está en orden. Dijo que "no tengo duda de que eso está ahí señalado" y acusó "suspicacia" de la oposición.
Sin embargo, una revisión al portal InfoProbidad —donde están las declaraciones públicas— muestra que el vínculo con su hermano no está consignado. Tampoco se menciona participación de familiares en la sociedad cuestionada. Las palabras de Alvarado chocan con lo que muestran los registros oficiales.
Las voces discordantes
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Diputados opositores: Santana señaló que Quiroz "no reconoció este vínculo en su declaración de patrimonio", incumpliendo el principio de probidad. Cuello sostuvo que el ministro "debería abstenerse de seguir liderando el proyecto mientras se esclarecen los antecedentes".
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Gobierno: Alvarado defendió que "uno a la familia no puede prohibirle las actividades profesionales que desarrollan" y calificó la acción de los diputados como "dar vueltas en círculos buscando dónde puede haber una posibilidad de conflicto de interés".
Qué sigue
Contraloría deberá pronunciarse sobre si existió o no una omisión en la declaración del ministro y si esto constituye una falta a las normas de probidad. El organismo puede determinar sanciones o recomendar la inhabilitación de Quiroz en la tramitación de la reforma. Los diputados esperan que el dictamen aclare si la defensa del Gobierno se ajusta a los hechos.