El trasfondo

La Operación Tokio, un golpe policial reciente contra la estructura del Tren de Aragua, expuso cómo las redes criminales utilizan la informalidad del comercio sexual para generar ingresos sin trazabilidad. El fiscal jefe del equipo ECOH, Héctor Barros, advirtió sobre la urgencia de regular y castigar estas conductas.

Qué cambia

El proyecto modifica el Código Penal y la ley de lavado de activos. Crea tres nuevas figuras delictivas:

  • Explotación económica: lucrar con servicios sexuales ajenos, incluso con consentimiento de la persona adulta.
  • Facilitación tecnológica o publicitaria: administrar plataformas digitales, publicaciones o avisos para ofrecer o concertar servicios sexuales.
  • Uso de inmuebles: proporcionar propiedades destinadas específicamente a estas actividades.

Además, incorpora una falta penal con multa para quienes paguen, ofrezcan pagar o prometan pagar por servicios sexuales de personas mayores de edad. La iniciativa también incluye la explotación económica del comercio sexual ajeno en el catálogo de delitos base de lavado de activos, permitiendo perseguir las ganancias generadas.

Entre líneas

La regulación vigente en Chile no tipifica estas conductas cuando ocurren entre adultos con consentimiento, lo que deja un vacío legal que las bandas aprovechan. Al criminalizar la intermediación y el lucro —no el acto en sí—, el proyecto apunta a desmantelar la estructura financiera del crimen organizado sin penalizar a quienes ejercen el trabajo sexual. El debate que se abre es si esta medida logrará cerrar efectivamente el mercado ilegal o simplemente desplazará las operaciones a otras formas menos visibles.