Por qué importa

El tamaño de estas actividades ilegales supera el PIB de regiones completas, como Ñuble o Los Ríos, y equivale a industrias enteras como la pesca o la celulosa. Además de financiar al crimen organizado, distorsionan la competencia, erosionan la recaudación fiscal y desincentivan la inversión.

Los números que importan

El informe entrega tres cifras centrales:

  • US$5.700 millones al año movilizan los mercados ilícitos en Chile.
  • US$1.500 millones pierde el Estado cada año por evasión tributaria asociada a estas actividades.
  • US$2.700 millones gastó el sector privado en 2022 para prevenir delitos.

Los mercados ilegales con mayor valor estimado son:

  • Casinos en línea: US$625 millones
  • Tabaco: US$617 millones
  • Aseo, desinfección y cosméticos: US$600 millones
  • Agroindustria: US$530 millones
  • Pesca: US$430 millones

El estado de las cosas

El crimen organizado no solo opera en actividades abiertamente ilegales. Según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, las bandas están penetrando negocios formales como barberías, ópticas, centros de estética y hoteles. El crecimiento explosivo de los llamados “malls chinos” también está bajo la lupa, y el fenómeno ya no se limita a Santiago: se observa en regiones.

La tasa de fraude financiero en Chile llega a ser hasta 6,5 veces superior a la registrada en Europa, según el informe.

Qué propone la CPC

El documento incluye 45 propuestas organizadas en tres ejes: persecución penal y patrimonial, combate a las finanzas ilícitas, y control de materias primas. El objetivo es reducir el poder económico de las organizaciones criminales y cerrar las brechas regulatorias que explotan para crecer.

La imagen completa

El informe “Por un Chile sin Economía Ilícita” reúne a 30 gremios y cerca de 70 expertos. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que estas actividades “dejaron de ser un problema sectorial” y que hoy representan un desafío que afecta simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en las instituciones.