El trasfondo

La disposición nació como una indicación parlamentaria y fue aprobada tras un trámite accidentado:

  • Se eliminó en la comisión del Senado, pero se repuso en la Sala.
  • El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, formuló una reserva de constitucionalidad.
  • El texto final quedó pendiente de promulgación por el Ejecutivo.

La norma fija plazos de 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable. Si las empresas no cumplen, deben pagar compensaciones automáticas a los usuarios.

Lo que dicen

En una carta publicada en El Mercurio, los presidentes de las tres asociaciones —Lorena Schmitt (sanitarias), Juan Meriches (eléctricas) y Carlos Cortés (gas natural)— cuestionaron la medida.

  • Señalaron que "introduce una señal de política pública difícil de justificar".
  • Aseguraron que debilita los incentivos al pago al extender la solidaridad a obligaciones previas a la emergencia.
  • Indicaron que desvía recursos operacionales escasos, lo que puede retrasar la reconexión de miles de familias que sí pagan.

El estado de las cosas

El proyecto de ley de Reconstrucción se aprobó con un foco en materias financieras como el derecho al olvido y la prohibición del anatocismo. El artículo 32 fue menos discutido, pero ahora enfrenta una fuerte oposición del sector de servicios básicos.

  • Las empresas piden que la norma se retire del texto y se discuta en un proyecto de ley separado.
  • Hacienda ya anticipó reparos constitucionales, lo que abre la puerta a cambios antes de la promulgación.

Qué sigue

El Ejecutivo debe definir en los próximos días si promulga la ley o envía observaciones al Congreso. La presión de los gremios podría llevar a modificar o eliminar el artículo 32. Mientras tanto, la disposición sigue vigente en el texto aprobado, pero sin efecto hasta su publicación oficial.