ENREGE aprueba obra eléctrica clave para inversión minera de US$9.700 millones
ClarínPor qué importa
- La línea de 500 kV (167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro) es esencial para energizar los campamentos y plantas de proceso a más de 4.200 metros de altura.
- Vicuña —empresa conjunta de la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining— obtuvo prioridad de uso del 90% de la capacidad remanente por 25 años sobre la infraestructura que financia.
- El proyecto Josemaría prevé generar 30.000 empleos directos e indirectos y aportar US$3.270 millones anuales a la balanza comercial por exportación de concentrado de cobre.
El estado de las cosas
La Resolución 330/2026, publicada en el Boletín Oficial, rechazó las diez oposiciones presentadas. Entre los opositores estaban el gobierno de San Juan, el de La Rioja, tres municipios sanjuaninos y empresas mineras como Barrick, Golden Mining, Casposo y Andes Corporación Minera (dueña del proyecto Los Azules).
El ENREGE argumentó que quien financia la ampliación tiene derecho a usarla. La prioridad recae solo sobre la capacidad incremental, no sobre la infraestructura preexistente. Cualquier otra empresa puede construir su propia ampliación si quiere la misma prioridad.
Entre líneas
Las objeciones de San Juan y La Rioja apuntaban a que la línea Nueva San Juan-Rodeo (132 kV) fue financiada con fondos públicos federales y provinciales. El regulador respondió que la prioridad de Vicuña no afecta esa línea existente.
Andes Corporación Minera advirtió que la capacidad real de la línea actual está muy por debajo de lo que tomó como base la resolución original. El ENREGE respondió que Los Azules ni siquiera figura como agente del Mercado Eléctrico Mayorista y que su proyecto no está en la guía de demanda futura de Transener.
Qué sigue
- Vicuña ahora puede iniciar la construcción de la línea de 500 kV y la ampliación de la estación Nueva San Juan.
- La demanda inicial será de 260 MW, con planes de subir a 400 MW y luego a 700 MW en fases sucesivas.
- La decisión consolida la seguridad jurídica bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya había aprobado el proyecto el mes pasado.