Por qué importa

La propuesta es una de las banderas del gobierno en su primera Cuenta Pública. Cordero fue el encargado de diseñar la política de seguridad anterior, por lo que su opinión pesa en el debate técnico y político.

Entre líneas

Cordero no descarta la utilidad de un registro, pero critica que no tenga un fin específico claro. Señala que puede convertirse en un instrumento que mezcle en una misma categoría:

  • Delitos graves
  • Faltas penales (menores)
  • Infracciones administrativas (como multas municipales)

Esa homologación, a su juicio, genera estigmatización y problemas prácticos de aplicación.

Los riesgos legales que advierte

El exministro apunta a posibles conflictos con la Constitución si el registro implica perder beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU). La Carta Fundamental prohíbe la privación de derechos previsionales como sanción.

También alerta sobre la retroactividad: si una persona ya recibe la PGU y se le retira por actos pasados, se abriría un complejo debate jurídico.

Lo que dice frente al problema real

Cordero reconoce que las incivilidades (ruidos, pintadas, desorden en espacios públicos) son una preocupación cotidiana para la ciudadanía, más que el delito violento. Sin embargo, plantea que la respuesta estatal no debe endurecer penas, sino hacer más eficaces las sanciones existentes. Propone que los municipios tomen un rol más activo en prevención y sanción.

Qué sigue

El gobierno aún no ha ingresado el proyecto al Congreso. Las críticas de Cordero se suman a otras voces que piden conocer el texto definitivo antes de evaluarlo. La discusión legislativa determinará si el registro se limita a delitos graves o abarca también conductas menores, y si incluye o no consecuencias sobre beneficios sociales.