Por qué importa

El fallo fija un precedente sobre la responsabilidad del Estado en muertes ocurridas durante el estallido social. El tribunal estableció que:

  • La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalocraneano, sin relación con enfermedades previas como cirrosis hepática que alegó el CDE.
  • La presencia de la víctima en horario de toque de queda no elimina la responsabilidad estatal.
  • El argumento de que Núñez no acudió al hospital no fue respaldado con pruebas de que una atención temprana hubiera evitado su muerte.

Los montos de la indemnización

La Corte distribuyó los $130 millones de la siguiente forma:

  • $40 millones para cada uno de los tres hijos biológicos (total $120 millones).
  • $10 millones para la excónyuge, con quien Núñez estaba separado desde 2011.
  • No recibió indemnización la hija de la excónyuge, al no ser hija biológica y no acreditarse un vínculo suficiente.

Entre líneas

El tribunal rechazó explícitamente la tesis de “culpa de la víctima” que planteó el CDE. Los ministros consideraron que el hecho de que Núñez estuviera fuera de su domicilio en toque de queda no rompe el nexo causal entre la golpiza y su muerte.

Además, el fallo señala que el perjuicio debe evaluarse por las circunstancias del deceso, no por lo que la víctima o su familia hicieron después.

Qué sigue

El Fisco deberá pagar los montos a los beneficiarios, sin que exista margen de apelación según la resolución. La sentencia es firme y cierra uno de los procesos judiciales más seguidos entre las víctimas del estallido social.