Por qué importa

El sistema penitenciario chileno enfrenta múltiples desafíos: deterioro de recintos, dificultades para separar a internos según su nivel de peligrosidad y la creciente presión del crimen organizado. El plan original, diseñado durante el gobierno de Gabriel Boric, tenía vigencia hasta 2030 y ahora se acelera mediante este acuerdo marco.

El dato clave

El acuerdo contempla:

  • Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios
  • Ampliación de infraestructura existente
  • Relicitación de recintos
  • Desarrollo mediante concesiones

La cartera de proyectos incluye recintos en Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Maule, Ñuble, Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt.

Entre líneas

Kast señaló que la iniciativa busca "ordenar la casa" en tres frentes: sociedad civil, fronteras y unidades penales. Destacó la necesidad de segmentar a los internos, separando a quienes no tienen opción de rehabilitación de aquellos que sí la tienen. El gobierno también enfatizó la importancia de garantizar un trato digno a los reclusos, afirmando que "la justicia no es venganza".

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que no solo se trata de sumar cupos, sino de desarrollar infraestructura con mayor tecnología, mejores sistemas de vigilancia y una política penitenciaria moderna.

Qué sigue

El plan se proyecta hasta 2030. Funcionarios de Justicia, Obras Públicas y Gendarmería viajaron a Argentina para observar sistemas de construcción modular que permitirían acelerar las obras. Las relicitaciones y nuevas concesiones se implementarán en las regiones priorizadas.