El trasfondo

La deuda se origina en contratos firmados durante la administración de Gabriel Boric que no fueron pagados en los plazos correspondientes.

  • Pagos pendientes desde 2022, 2023, 2024 y 2025.
  • De Grange afirmó que no recibió información sobre estas obligaciones en las reuniones de traspaso.
  • Los primeros antecedentes surgieron de reclamos directos de los operadores.

Los números que importan

El déficit total asciende a aproximadamente $30 mil millones.

  • Más de un tercio ya fue pagado con el presupuesto de 2026.
  • Los montos no estaban presupuestados para el año en curso.
  • Algunos operadores enfrentaban deudas de hasta $800 millones, con riesgo de quiebra.

Lo que no se dice

El ministro denunció irregularidades adicionales detectadas en la gestión anterior.

  • Pagos realizados por servicios que nunca se prestaron.
  • Multas no cobradas a operadores que incumplieron contratos.
  • De Grange calificó la situación como "irresponsabilidad financiera" y no solo como desorden administrativo.

Qué sigue

De Grange no descarta acciones legales y confirmó una investigación interna.

  • Se están reuniendo antecedentes para determinar responsabilidades.
  • "Vamos a cumplir con el rigor de la ley", afirmó el ministro.
  • Las acciones judiciales dependerán de los resultados de la investigación.

El panorama general

La deuda no informada afecta tanto a pequeños operadores regionales como al presupuesto del transporte público. El gobierno deberá absorber estas obligaciones con recursos del año en curso, lo que podría impactar otros proyectos y servicios. En paralelo, De Grange ha debido defender los cambios implementados en los buses de Santiago, mientras gestiona el pasivo financiero heredado.