El estado de las cosas

Las restricciones, impuestas en noviembre de 2025, afectaban a solicitantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente. El juez McConnell detalló que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) paralizó por completo las decisiones finales sobre beneficios migratorios para personas de esas naciones.

  • La política impedía emitir fallos sobre solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia ("green cards") y naturalización.
  • Los afectados no habían cometido ninguna infracción; el bloqueo se basaba únicamente en su país de origen.
  • Más de seis meses después, muchos seguían sin trabajo, sin estatus legal y sin poder planificar su futuro.

Entre líneas

McConnell señaló que el gobierno justificó las restricciones con "preocupaciones pretextuales de seguridad nacional" que encubrían un sesgo antiinmigrante. El juez citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, quien en diciembre de 2025 recomendó en redes sociales "una prohibición total de viajes para cada maldito país".

En su fallo, el magistrado afirmó que el USCIS actuó sin autoridad legal, sin dar explicaciones razonadas y sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes. Calificó las acciones como "contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas".

Lo que dicen

La organización Democracy Forward, que representó a los demandantes, calificó el fallo como una reivindicación de principios básicos. Su presidenta, Skye Perryman, declaró: "El gobierno federal no puede cerrar las vías legales de inmigración ni discriminar según el lugar de origen".

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentario. Se espera que la administración Trump pueda apelar la decisión.

Qué sigue

El fallo restablece la obligación del USCIS de procesar las solicitudes de los 39 países afectados. Sin embargo, el gobierno aún puede recurrir a tribunales superiores o emitir nuevas políticas que cumplan con los requisitos legales. Organizaciones de derechos civiles advierten que el caso refleja una lucha más amplia por los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.