El estado de las cosas
El juez ordenó a la Sepi entregar el expediente completo del rescate, foliado y sin omisiones. También exigió los nombres de todos los participantes en las reuniones del Consejo Gestor que aprobaron la ayuda, incluyendo vocales con voto e invitados. El objetivo: decidir si amplía la investigación a más personas o las cita como testigos.
Lora deberá declarar el 3 de julio a las 9:30 en el juzgado de instrucción número 49 de Madrid.
Quiénes aprobaron la ayuda
Según el acta confidencial del 29 de octubre de 2020, el Consejo Gestor votó por unanimidad el rescate. Entre los vocales con voz y voto estaban:
- Sara Aagesen (actual vicepresidenta tercera del Gobierno)
- Ana de la Cueva (actual presidenta de Patrimonio Nacional)
- Pilar Paneque (subsecretaria de Hacienda entonces)
- Raúl Blanco (secretario general de Industria entonces)
- Pedro Saura (secretario de Estado de Transportes entonces)
- Manuel de la Rocha (jefe de la Oficina Económica de Moncloa entonces)
Todos ellos ya fueron imputados en 2021 por el rescate a Plus Ultra, pero ese caso se archivó por vencimiento del plazo de instrucción.
El trasfondo
El juez investiga si los miembros del Consejo Gestor actuaron con conocimiento de que la ayuda era ilegal o sin ajustarse a los requisitos legales. La prevaricación implica dictar una resolución administrativa a sabiendas de que es injusta. La aparición de este caso dentro del caso Koldo —que investiga presuntos sobornos y tráfico de influencias— añade presión política sobre el Ejecutivo y sobre los altos cargos implicados.
Qué sigue
Tras la declaración de Lora, el juez decidirá si cita como investigados al resto de vocales que votaron a favor del rescate. La Sepi debe entregar la documentación requerida en los próximos días. El caso podría reabrir el debate sobre la transparencia en los rescates públicos durante la pandemia y sobre la responsabilidad de los altos funcionarios.