Por qué importa

Esta reforma es el centro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos que Kast busca aprobar antes de Navidad. La discusión constitucional se reabre tras el fracaso de los dos procesos anteriores (Convención y Consejo Constitucional).

Los cambios propuestos incluyen:

  • Un deber estatal explícito de resguardar la seguridad pública.
  • Un registro de organizaciones criminales.
  • Regímenes penitenciarios más estrictos.
  • Facilidades para incautar y liquidar bienes del crimen organizado.
  • Un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.

Las voces discordantes

La oposición reaccionó de forma dispar, un patrón que se ha repetido en iniciativas previas del Ejecutivo:

  • PS y PPD: valoran la prioridad en seguridad, aunque lamentan la falta de trabajo prelegislativo. Se declaran disponibles para tramitar proyectos que entreguen herramientas de persecución criminal.
  • Frente Amplio y PC: critican el contenido y advierten que el plan deja fuera materias esenciales, sin mayores detalles.

El diputado socialista Raúl Leiva dijo que hubiera preferido un trabajo previo con las comisiones especializadas, mientras que el presidente del PPD, Raúl Soto, anticipó una “predisposición positiva”.

Qué sigue

La Moneda definió una estrategia para sortear la falta de votos:

  • Iniciar la reforma constitucional por el Senado, donde la correlación de fuerzas podría ser más favorable.
  • Enviar los cambios legales menores a la Cámara de Diputados.
  • Buscar despachar todo el paquete antes de Navidad, aprovechando la ventana antes de posibles cambios en el quórum parlamentario.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, coordinará la tramitación con el Congreso.