Por qué importa

La reforma cambia las reglas sobre uno de los activos centrales en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas: la tierra. Hasta ahora, esos terrenos no podían venderse, hipotecarse ni arrendarse libremente, lo que limitaba su acceso al crédito y a subsidios. El Ejecutivo sostiene que ese esquema fracasó y que impide el desarrollo económico de las comunidades.

El dato clave

La iniciativa incluye tres cambios concretos:

  • Eliminar las restricciones al uso de suelo indígena, permitiendo arriendos e hipotecas.
  • Reformular el proceso de consulta para el nuevo sistema de tierras, que según Kast el gobierno anterior abandonó “sin resultados”.
  • Ordenar el sistema de compra de tierras con tasaciones a valor de mercado y trazabilidad en cada operación.

Además, se otorgarán derechos de uso y goce individuales sobre las tierras ya entregadas, lo que habilitaría a las familias a postular a subsidios habitacionales.

Lo que dicen

Kast afirmó que la política de tierras aplicada hasta ahora ha sido “ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades”. También aseguró que el nuevo proceso de consulta será “legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe”. En su discurso, vinculó la reforma con la seguridad en la Macrozona Sur, al señalar que “La Araucanía no será más refugio de terroristas”.

Lo que cambia

Si la reforma avanza, las comunidades indígenas podrán usar sus tierras como garantía hipotecaria y obtener ingresos por arriendo. También se introduce un mecanismo de compra estatal más auditado, con precios de mercado. Sin embargo, no se han detallado los plazos ni el mecanismo de consulta con las propias comunidades, un punto que organizaciones mapuche han criticado en el pasado por considerar que vulnera el Convenio 169 de la OIT.

En el largo plazo

La reforma busca integrar las tierras indígenas al mercado inmobiliario y crediticio formal. El Gobierno apuesta a que esto atraiga inversión y turismo a La Araucanía. Queda por verse cómo reaccionarán las comunidades ante un cambio que elimina protecciones tradicionales sobre la tierra colectiva y cómo se resolverán las posibles tensiones con el marco internacional de derechos indígenas.