El trasfondo

La ley de urgencia agrícola fue aprobada de forma definitiva el martes 21 de julio por el Senado. El texto permite a la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria (ANSES) autorizar excepcionalmente el uso de acetamiprid y flupiradifurona en sectores con dificultades, como el cultivo de remolacha azucarera y avellanas.

Originalmente, la medida no formaba parte del proyecto de gobierno, sino que se incorporó mediante una enmienda parlamentaria. La ministra afirmó que el Ejecutivo impidió el debate sobre su eliminación, pese a los compromisos previos.

Lo que dice la ministra

Barbut, exdirectora de WWF Francia y de la Convención de la ONU contra la Desertificación, declaró en LinkedIn: “Ha sido un revés ambiental de más”. También señaló que presentaría su renuncia de forma inmediata. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron no aceptó la dimisión, según informó su equipo, argumentando la urgencia de enfrentar el cambio climático.

La ministra había anticipado: “Si mi dimisión es aceptada, me voy. Si es rechazada, dependerá de lo que se diga”.

Lo que está en juego

  • Los dos pesticidas fueron prohibidos en Francia en 2016 (acetamiprid) y 2019 (flupiradifurona) por el principio de precaución, basado en estudios sobre riesgos para la salud humana y las poblaciones de abejas.
  • Los científicos alertan que estos químicos pueden dañar el sistema nervioso de insectos polinizadores y tienen efectos inciertos en humanos.
  • Los agricultores franceses, en cambio, argumentan que sin estas sustancias pierden competitividad frente a productores de la Unión Europea, donde los pesticidas siguen permitidos.

Los números que importan

El acetamiprid está prohibido en Francia desde hace 10 años; el flupiradifurona, desde hace 7. Ambos siguen autorizados a nivel europeo, aunque algunos estados miembros restringen su uso. La ley de urgencia fue aprobada apenas ayer, y la renuncia de Barbut se produjo hoy.

Qué sigue

A pesar de que Macron rechazó la dimisión, Barbut permanece en el cargo “para atender la urgencia del cambio climático”. La crisis revela las fisuras internas del gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu, que intentaba consolidar su gestión antes del verano. La aplicación concreta de la ley dependerá de las autorizaciones caso por caso que emita la ANSES.