Cómo llegamos aquí

La querella -patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez- se sustenta en informes de la Contraloría General de la República y peritajes independientes. Los hechos detectados abarcan tres áreas:

  • Honorarios sin servicio: contratos por cerca de $100 millones a personas que, según los antecedentes, no habrían prestado funciones reales para el municipio.
  • Transferencias al DAEM: $163,7 millones del Programa de Mejoramiento Urbano traspasados al Departamento de Educación Municipal con posibles irregularidades en su uso.
  • Cotizaciones no pagadas: durante 2023 y 2024 se descontaron cotizaciones previsionales y de salud a funcionarios del DAEM, pero no se habrían enterado a las instituciones correspondientes. La deuda asciende a $1.190 millones, y el 98% se generó en 2024.

Lo que dicen

El alcalde Carlos Lillo señaló que “cuando existen antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia”. Agregó que no corresponde “mirar hacia otro lado” sino actuar con responsabilidad y apego a la ley.

Manríquez, por su parte, afirmó que los antecedentes “contienen elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación penal”.

El dato clave

El mayor perjuicio corresponde al no pago de cotizaciones, equivalente al 82% del total denunciado. Esto significa que los trabajadores afectados habrían visto descontado de su sueldo un dinero que nunca llegó a su fondo de pensiones ni a su seguro de salud, una situación que además puede implicar responsabilidades laborales y previsionales.

Qué sigue

La querella solicita al Ministerio Público investigar los hechos, determinar responsabilidades penales y, si corresponde, formular acusación. También pide la restitución íntegra de los recursos públicos defraudados o desviados. La investigación recién comienza en el Juzgado de Garantía de Illapel.