Por qué importa
Los terremotos del 24 de junio dejaron más de 5.500 fallecidos y cientos de edificaciones destruidas en el norte del país, principalmente en Caracas y el estado La Guaira. Miles de familias viven en campamentos. La ley apunta a movilizar viviendas que estaban desocupadas por miedo a invasiones o falta de garantías legales para recuperarlas.
El estado de las cosas
- La ley se aprobó por unanimidad en una sesión realizada en una base militar, porque el terremoto afectó el Palacio Legislativo.
- El texto tiene 27 artículos y recibió más de 900 propuestas durante una consulta nacional.
- Aún falta la promulgación por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Diputados oficialistas señalaron que la norma “da seguridad jurídica al arrendador y al arrendatario”, y que busca que los propietarios “no sientan temor de alquilar sus viviendas”. La diputada Alejandra Rodríguez afirmó que la ley “supera un régimen controlador que terminó no favoreciendo a nadie”.
Entre líneas
Aunque la ley se presenta como una respuesta directa a la crisis habitacional por los sismos, también reconoce un problema estructural: la desconfianza en el mercado de alquiler. La legislación anterior (2011) generó vacíos legales que permitieron ocupaciones ilegales y desincentivaron la oferta. La nueva norma busca corregir eso, pero no deroga la ley anterior; la reemplaza para casos específicos de vivienda destinada a arrendamiento.
Lo que viene después
La presidenta encargada debe promulgar la ley para que entre en vigor. Luego, el gobierno deberá implementar mecanismos que garanticen tanto la recuperación de inmuebles para los propietarios como el acceso a vivienda para los damnificados. La eficacia dependerá de si logra cambiar la percepción de riesgo entre quienes aún no alquilan sus propiedades.