Por qué importa
El caso de Rivera evidencia el uso sistemático de la desaparición forzada en Nicaragua. El líder miskito, exdiputado y fundador del partido Yatama, fue detenido en septiembre de 2023 tras regresar clandestinamente al país, después de que se le prohibiera volver por participar en un foro de la ONU. Durante más de dos años, su familia desconoció su paradero y estado de salud.
Lo que sabemos (y lo que no)
- Rivera falleció a las 20:30 del 30 de mayo. El régimen confirmó su muerte 15 horas después.
- Fue presentado en estado grave el 27 de mayo, con traqueotomía y colapso multiorgánico.
- El régimen se negó a entregar el cuerpo a la familia e impuso un sepelio exprés en Managua, en contra de la voluntad del fallecido de ser enterrado en Sandy Bay junto a su madre.
- La copresidenta Rosario Murillo afirma que Rivera estuvo acompañado por familiares durante su agonía y entierro. Su hija Tininiska Rivera lo desmiente desde el exilio.
- Siete allegados que reclamaban el cadáver fueron retenidos por el régimen.
Las reacciones internacionales
La portavoz de la ONU, Marta Hurtado, expresó “serias preocupaciones” sobre las causas de la muerte, porque nadie conocía el paradero de Rivera hasta cuatro días antes de la fecha de su supuesta muerte. El alto comisionado Volker Türk pidió una investigación imparcial.
Estados Unidos responsabilizó directamente al régimen. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó que “la dictadura de Ortega-Murillo es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió como prisionero después de tres años de trato inhumano”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua calificó el deceso en “los términos más enérgicos” y advirtió que la retención del cadáver refuerza “la fuerte presunción de responsabilidad estatal”. La jurista Ariela Peralta sostuvo que la desaparición forzada constituye “un crimen internacional”.
Lo que dicen
Mientras el régimen asegura que Rivera recibió atención médica y estuvo acompañado, la comunidad miskita y la familia insisten en que se le negó un funeral acorde a sus tradiciones y que el cuerpo nunca dejó de estar bajo custodia estatal. Chile, por su parte, enfatizó que el deceso “ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua”.
Qué sigue
La ONU exige una investigación “rápida, imparcial y transparente”. Hasta ahora, el régimen no ha entregado el cuerpo a la familia ni ha informado sobre las causas exactas de la muerte. La presión internacional podría escalar, pero el gobierno de Ortega no ha mostrado disposición a cooperar.
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