Por qué importa

La medida apunta a cerrar espacios de informalidad que, según los legisladores, el crimen organizado aprovecha para ocultar sus operaciones. También busca dar más herramientas a los municipios para fiscalizar locales comerciales.

Lo que cambia

El proyecto establece nuevas obligaciones para los titulares de patentes:

  • Acreditar los antecedentes penales de cada trabajador que atienda público.
  • Exigir a los empleados extranjeros permiso de residencia o autorización laboral vigente.
  • Mantener un registro actualizado del personal, disponible para fiscalización municipal.
  • Aceptar la caducidad de la patente si el local no cumple o si se encuentra personal sin papeles en regla.

Entre líneas

Los diputados Roberto Arroyo y Catalina del Real aclaran que la iniciativa no apunta a los trabajadores honestos, sino a quienes operan al margen de la ley. No obstante, la obligación de verificar la situación migratoria de cada empleado podría generar trabas adicionales para inmigrantes que ya cuentan con residencia regular.

El panorama general

La Cámara Nacional de Comercio advirtió que el fenómeno de las "fachadas" delictivas se ha extendido a varios rubros, como ópticas y centros de estética. El proyecto es una respuesta concreta a esa alerta, pero se enfoca solo en barberías y peluquerías.

Qué sigue

La propuesta debe ser discutida en el Congreso. Si se aprueba, los municipios tendrán la facultad de caducar patentes, lo que representa un cambio significativo en la fiscalización local.