El estado de las cosas

El registro será administrado por el Registro Civil. Las personas condenadas o sancionadas por las conductas tipificadas quedarán inscritas por plazos que van de dos a cinco años, según la gravedad. Las consecuencias incluyen:

  • Beneficios de vivienda: prohibición de postular a subsidios habitacionales y al Programa de Subsidio de Arriendo.
  • Transporte: pérdida de la Tarjeta Nacional Estudiantil y tarifa rebajada para adultos mayores; suspensión o prohibición de obtener licencia de conducir.
  • Educación: suspensión de gratuidad universitaria y becas de educación superior.
  • Documentos: imposibilidad de obtener o renovar pasaporte.
  • Beneficios sociales: pérdida de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Las dudas técnicas

A un día de su ingreso, crecen las preocupaciones sobre la calidad del proyecto. Entre los puntos criticados:

  • Inclusión de incivilidades menores como el consumo de alcohol en la vía pública, no pagar el transporte o realizar rayados no autorizados. Se teme que actividades como loterías o bingos comunitarios sin permiso queden penalizadas.
  • Mezcla de delitos graves y faltas administrativas. Delitos mayores —incendios, homicidios, tráfico de drogas— ya tienen penas de cárcel, y agregarles sanciones administrativas se considera desproporcionado por algunos legisladores.
  • Omisión de delitos económicos. La oposición pide incluir crímenes como lavado de activos, estafa o fraude al fisco. El gobierno descartó hacerlo, según declaraciones de los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau.

La reacción inmediata

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió el proyecto señalando que no crea nuevos delitos, sino que agrega una pena accesoria a conductas ya tipificadas. Afirmó que el Congreso podrá perfeccionar el texto.

Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, respaldó el objetivo. En la oposición, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente presentaron iniciativas para incorporar delitos económicos.

Qué sigue

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados comenzará la tramitación este miércoles, con suma urgencia. La discusión definirá si la medida se mantiene tal como fue redactada o sufre modificaciones.