Cómo llegamos aquí

La profesional ingresó al Cesfam de San Fernando en agosto de 2023 con un sueldo base de $348.443 más bonos, totalizando unos $696.886 mensuales. En abril de 2024, al renovar su contrato por tres meses, la corporación cometió dos errores:

  • La inscribió en la nómina de trabajadores de 44 horas semanales.
  • Le asignó un sueldo base de $696.886, al que sumaron otra vez el bono de atención primaria.

Como resultado, recibió $1.393.772 mensuales durante nueve meses. La situación se repitió en renovaciones posteriores hasta diciembre de 2024. Recién en enero de 2025, la propia psicóloga notó una inconsistencia en sus documentos laborales.

Lo que dice la defensa

La psicóloga, de 35 años, explicó que no se percató del error porque en ese período también realizaba trabajos particulares y peritajes. Declaró que al boletear y recibir ingresos variables en la misma cuenta, confundió el alza con asignaciones propias del sector público.

"Nunca me lo cuestioné", afirmó, alegando buena fe. Su defensa argumentó que la responsabilidad fue exclusiva de la corporación municipal.

Lo que cambia

La Corte Suprema rechazó los argumentos de la psicóloga y ratificó su deber de devolver el monto total. El pago se fraccionará en 48 cuotas, sin intereses. La corporación intentó antes un acuerdo voluntario, pero al no haber consenso, el caso llegó a tribunales.

En perspectiva

El fallo se alinea con la jurisprudencia chilena que obliga a restituir pagos indebidos, incluso cuando el receptor actuó de buena fe. La decisión no establece sanciones adicionales, pero deja claro que el error administrativo no exime al trabajador de la devolución. Para la municipalidad, el caso revela fallas en sus procesos de control de remuneraciones.