Lo que está en juego

El proyecto crea el Subsistema de Inteligencia Económica y permite a la UAF solicitar información bancaria protegida por secreto en tres casos puntuales, sin autorización judicial previa:

  • Cuando un banco emita un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
  • Cuando el ROS involucre a un funcionario público.
  • Cuando se refiera a una persona jurídica.

Actualmente, el alzamiento del secreto bancario requiere una orden judicial en el marco de investigaciones activas.

Los números que importan

La semana pasada, el Senado registró dos veces un empate de 23 votos a favor y 23 en contra. El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) no votó en ninguna ocasión y su posición podría ser dirimente esta tarde. Además, el senador Matías Walker (Demócratas) estará ausente por compromisos internacionales, lo que complica el cálculo de la oposición, que apoya la medida.

El oficialismo, encabezado por el gobierno de José Antonio Kast, se opone al alzamiento administrativo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha abierto a presentar una fórmula alternativa que mantenga la potestad judicial.

Entre líneas

La Operación Tokio tensionó los equilibrios políticos. La derecha gobernante se oponía originalmente a entregar más atribuciones a la UAF por temor a un uso político de la información. Sin embargo, la evidencia de que el Tren de Aragua operaba con complicidad bancaria dejó a la oposición (que ahora impulsa la medida) en una posición más fuerte.

El senador Juan Luis Castro (PS) sostiene que oponerse al proyecto es proteger a "los poderosos de cuello y corbata". En cambio, el senador Rojo Edwards (RN) advierte que una decisión administrativa podría permitir futura corrupción o investigaciones contra opositores.

Qué sigue

La votación está programada para las 16:00 horas de este martes. Si se repite el empate, el proyecto podría ser rechazado o requerir una nueva instancia de resolución. El gobierno anunció que presentará su propia fórmula si la norma no prospera, buscando un equilibrio entre agilidad y garantías judiciales.