El estado de las cosas
La denuncia de Flores se conoció el lunes 8 de junio. Ese mismo día, la PDI y la Fiscalía allanaron el domicilio de Marín. Según fuentes del caso, el exconsejero regional entregó voluntariamente sus dispositivos, donde se hallaron los registros audiovisuales filtrados.
Marín reconoció la existencia del material, pero aseguró que fue captado de forma lícita a través de una plataforma a la que ambos tenían acceso. Negó haber participado en su divulgación y dijo que los videos están en manos de su equipo jurídico y de la PDI.
Lo que dicen
Camila Flores (en un video en redes sociales):
- Acusó a su exmarido de actuar “coludido con otras personas”.
- Relató que en diciembre de 2025 presentó una acción judicial por violencia intrafamiliar.
- Señaló que su hija menor también resulta afectada por la exposición.
Percy Marín (en un video de casi 10 minutos):
- Rechazó haber participado en la filtración y la calificó como una vulneración de la intimidad.
- Dijo que fue expulsado de su hogar y no pudo ver a su hija por más de 100 días.
- Advirtió que la divulgación podría afectar pruebas en una demanda de divorcio culposo.
El dato clave: Las penas que arriesga quien filtró
La Ley 21.675 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres) sanciona la violencia digital con las siguientes penas:
- Registrar o grabar imágenes íntimas sin consentimiento: presidio menor de 61 días a 5 años, más multas entre 715.000 y 35 millones de pesos.
- Exhibir, difundir o publicar ese material: presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años), más multas entre 7,1 y 35 millones de pesos.
Qué sigue
La investigación penal avanza por el delito de fraude informático. La PDI analiza los dispositivos incautados para determinar el origen de la filtración. La Fiscalía deberá establecer si Marín o terceros vulneraron cuentas o accedieron sin autorización a los respaldos digitales.
Ambos involucrados enfrentan además un proceso civil por divorcio culposo y violencia intrafamiliar.