Lo que establece el decreto
- Contratos públicos se publicarán cada mes, no cada tres meses.
- Filiales de Pemex y CFE deberán divulgar estados financieros, actas de asamblea, actas constitutivas y datos de gobierno corporativo.
- Secretaría Anticorrupción publicará su programa anual de fiscalización y el padrón de auditores externos.
- Excepciones se reducen de 173 categorías a solo dos: seguridad nacional y asuntos bajo litigio. En ambos casos se publicarán versiones públicas de los documentos.
- Las disposiciones se incorporarán a la Ley General de Transparencia, reformada el año pasado.
Por qué importa
La medida ataca un problema de fondo: el criterio discrecional de los funcionarios para ocultar información. Sheinbaum dijo que la ley anterior dejaba en manos del servidor público la decisión de clasificar, y que eso se acaba con el decreto. Además, la invitación a estados, municipios y otros poderes a sumarse a la política de máxima publicidad busca homogeneizar la transparencia en todo el gobierno.
Lo que cambia
- La obligación de publicar pasa a ser un mandato con reglas precisas, no una opción sujeta a interpretación.
- La información sobre contrataciones y fiscalización se vuelve más frecuente y detallada.
- El decreto allana el camino para la reforma legislativa que desmontará el actual Sistema Nacional Anticorrupción y fortalecerá la coordinación entre instituciones para perseguir el desvío de recursos.
El panorama general
Este decreto es la primera pieza de una reingeniería anticorrupción que incluye un paquete legislativo para septiembre. El gobierno busca responder a las críticas sobre la opacidad tras la desaparición del INAI y enfocarse en combatir el huachicol fiscal y las redes de facturación falsa. La Secretaría Anticorrupción emitirá los formatos y criterios técnicos en los próximos 90 días hábiles.
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