El panorama general
La víctima recibió un correo electrónico con el logo de Scotiabank que le pedía sincronizar su dispositivo de seguridad para evitar el bloqueo de su cuenta. Al seguir las instrucciones, los estafadores obtuvieron acceso a sus productos bancarios y ejecutaron cuatro operaciones sin autorización.
El perjuicio total alcanzó los $17.389.624, distribuido de la siguiente forma:
- Contratación fraudulenta de un crédito web por $11.480.043
- Dos transferencias posteriores por $3.356.561 y $2.553.020
- Un traspaso desde la tarjeta de crédito a la cuenta corriente por $3.712.619, seguido de tres pagos de impuestos a entidades sin vínculo con el afectado
Entre líneas
La Corte señaló que todas las operaciones se realizaron desde una dirección IP distinta a la habitual del cliente, sin usar las claves de coordenadas y sin que se enviaran alertas al correo registrado. El banco no acreditó haber activado sus sistemas de monitoreo ni haber comunicado el otorgamiento del crédito o las transferencias.
El tribunal agregó que si Scotiabank entrega créditos de forma remota a cualquier hora, debe asumir los riesgos asociados. La entidad no demostró una investigación suficiente ni que el cliente actuara con negligencia exclusiva.
Lo que cambia
La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de queja y dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había eximido al banco. Con esta decisión —adoptada con el voto en contra del ministro Manuel Antonio Valderrama— se confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado de Policía Local de Ñuñoa.
La indemnización de $17.389.624 deberá pagarse reajustada según la variación del IPC desde la fecha del fraude.