Por qué importa
El caso forma parte del escándalo de corrupción de Odebrecht que salpicó a varios expresidentes peruanos. Humala estaba acusado de recibir 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011 y otros 200 mil dólares del gobierno de Venezuela en 2006. Su liberación reabre el debate sobre el uso de la figura de lavado de activos en delitos electorales.
El estado de las cosas
- El TC sostuvo que el delito imputado no estaba tipificado cuando ocurrieron los hechos, lo que vulneró el principio de legalidad.
- La condena fue dictada en abril de 2025 por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Meses después, la Autoridad Nacional de Control suspendió por seis meses a los tres jueces que emitieron la sentencia, por ordenar el ingreso a prisión sin una resolución escrita.
- Humala ya había estado en prisión preventiva entre 2017 y 2018 por el mismo caso, medida que también fue revocada por el TC en su momento.
Entre líneas
La defensa del exmandatario argumenta que nunca se probó la entrega de dinero de las campañas. Según su abogado Edison Huamán, la fiscalía no presentó pruebas directas. Humala calificó su encarcelamiento como un "secuestro por parte del Estado".
Su esposa, Nadine Heredia, condenada en el mismo proceso, solicitó asilo político en Brasil y permanece fuera del país.
Qué sigue
Humala se trasladó a su domicilio en el distrito de Surco, en Lima. Su abogado Wilfredo Pedraza señaló que el expresidente podría solicitar una indemnización al Estado por lo que calificó como una "arbitrariedad". La defensa evalúa los pasos legales tras la anulación total del proceso.
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