El trasfondo

China compró el terreno por 255 millones de libras en 2018. Los permisos de construcción se aprobaron en enero, poco antes de que el entonces primer ministro Keir Starmer viajara a Pekín.

La Asociación de Residentes de Royal Mint Court (RMCRA), que representa a unas 100 viviendas y negocios cercanos, presentó su recurso legal a principios de este mes.

Lo que está en juego

Los residentes argumentaban que la embajada pondría en riesgo sus derechos humanos por varias razones:

  • Posible aumento de ataques terroristas por ser un objetivo diplomático
  • Riesgo de represión de protestas dentro del recinto
  • Uso del edificio para espiar a disidentes chinos en Reino Unido
  • Incumplimiento de normas de seguridad contra incendios por inmunidad diplomática
  • Falta de acceso público a dos documentos clave: una evaluación de explosiones y un informe de seguridad

Entre líneas

Los jueces desestimaron los tres primeros motivos del recurso tras revisarlos. Determinaron que el gobierno consideró “consciente y cuidadosamente” las preocupaciones de los vecinos.

La jueza Lieven señaló que no hubo “injusticia” al no divulgar la evaluación de explosiones, y que el riesgo adicional de incendio no hacía “irracional” la decisión administrativa.

Qué sigue

El Partido Laborista, a través de Luke Pollard, afirmó que ya preparan una apelación. “Pekín cree que esta sentencia es la palabra final. No lo es”, declaró.

Mientras tanto, la construcción podrá avanzar. El complejo será el mayor de Europa en superficie y albergará dependencias diplomáticas frente a la City, el Parlamento y Whitehall.