Por qué importa
La multa es firme y no admite más recursos. Google ya adaptó sus acuerdos comerciales en 2018 tras la decisión inicial, pero el precedente legal limita cómo puede usar Android para favorecer sus propios servicios. El caso también allana el camino para posibles demandas de competidores afectados.
Entre líneas
La Comisión Europea identificó tres prácticas ilegales en los acuerdos de Google con fabricantes:
- Exigir preinstalar Google Search y Chrome como condición para licenciar Google Play.
- Pagar a fabricantes y operadores para que instalaran el buscador en exclusiva.
- Prohibir a los fabricantes vender dispositivos con versiones alternativas de Android no aprobadas por Google.
El tribunal determinó que estas restricciones consolidaron artificialmente el dominio de Google Search y Chrome, limitando la competencia real en el mercado.
Lo que dice Google
La compañía argumentó que Android es un sistema abierto y gratuito que amplía la elección del consumidor. En un comunicado, señaló que el fallo "no reconoce la inversión significativa para mantener Android abierto e interoperable". Sundar Pichai, CEO de Google, había defendido en 2018 que la decisión ignoraba la competencia real que Android genera.
Sin embargo, el tribunal consideró que la existencia de alternativas para el usuario final no justifica las restricciones impuestas a los fabricantes.
Qué sigue
Google no puede apelar más dentro de la UE y deberá pagar el monto final. La empresa enfrenta otras sanciones europeas, como una multa de 2.950 millones de euros en 2025 por prácticas en publicidad digital. El caso abre la puerta a que competidores y consumidores presenten demandas por daños basadas en el mismo comportamiento.