El estado de las cosas

El pacto incluye ocho leyes que reemplazan el antiguo sistema de Dublín, donde el país de primera entrada asumía toda la responsabilidad. Ahora se introduce un marco común para los 27 estados, aunque la Comisión Europea admite que ningún país está completamente preparado para aplicarlo.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, calificó el pacto como un hito, pero señaló que "es solo el principio y no el final". La UE propuso destinar 6.340 millones de euros en los próximos siete años para su puesta en marcha.

Lo que cambia

  • Controles fronterizos de hasta siete días: los migrantes que lleguen sin permiso serán sometidos a controles de identidad y seguridad. Se registrarán datos biométricos (rostro y huellas) en una base de datos común llamada Eurodac, que incluirá a niños desde los 6 años.

  • Procedimiento acelerado de asilo: los solicitantes considerados un riesgo de seguridad o provenientes de países con baja tasa de aprobación (como Marruecos y Bangladesh) recibirán una respuesta en un plazo máximo de 12 semanas. En esos casos, el proceso se realizará en centros cercanos a las fronteras exteriores.

  • Sistema de "solidaridad obligatoria": cada país puede elegir entre tres opciones: acoger a un número de solicitantes, pagar una contribución financiera a los estados de primera línea, o financiar personal y equipos de vigilancia fronteriza.

  • Deportaciones más rápidas: quienes no obtengan protección tendrán un plazo adicional de 12 semanas para ser retornados a su país de origen o de tránsito.

Entre líneas

La "solidaridad obligatoria" es menos vinculante de lo que el nombre sugiere. Los países miembros utilizaron diversas tácticas para reducir sus compromisos. Según los datos de 2026, se reubicarán menos de 9.000 solicitantes de asilo, muy por debajo del umbral mínimo anual de 30.000 fijado por el pacto. Esto ocurre mientras cerca de 669.000 personas solicitaron asilo en la UE el año pasado.

El pacto también incorpora los llamados "centros de retorno", inspirados en el modelo que aplica la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Lo que comenzó como una solución de un gobierno de extrema derecha se convierte ahora en una norma comunitaria impulsada por los propios estados.

Qué sigue

La implementación será gradual. Varios países aún deben adaptar su legislación nacional, capacitar personal y construir instalaciones fronterizas para aplicar los nuevos procedimientos. La Comisión Europea supervisará el proceso y ha reconocido que persisten tensiones entre los estados miembros sobre cómo aplicar las reglas de manera uniforme.