El estado de las cosas

Más de tres semanas después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, el balance oficial muestra:

  • 5.069 fallecidos (300 cuerpos sin identificar, según la OPS).
  • 16.740 heridos.
  • 17.907 personas sin vivienda.
  • 21.235 personas en 107 campamentos transitorios.
  • 128.324 familias atendidas por las autoridades.

Desde el 24 de junio se han registrado 1.331 réplicas. La más fuerte (magnitud 3,9) ocurrió el 10 de julio cerca de Naiguatá, en La Guaira, la zona más devastada. Ese temblor provocó pánico y evacuaciones.

Los números que importan

El daño estructural es masivo: 856 edificios resultaron afectados, 190 colapsaron completamente. El gobierno estima que se necesitarán 25.000 nuevas viviendas, y ya inició un censo biométrico para cuantificar la demanda exacta.

Además, el gobierno y el PNUD calculan que hay 2.106.000 toneladas de escombros que deben ser gestionados, un desafío logístico y ambiental que recién comienza.

Qué sigue

El Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para acelerar la construcción de viviendas. La iniciativa busca dar seguridad jurídica y financiamiento al sector privado para un “proceso agresivo” de edificación, pero requiere un segundo debate.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que esta semana entregará las primeras 200 viviendas a familias damnificadas. Mientras tanto, miles de personas siguen en refugios improvisados, muchos sin agua potable ni saneamiento básico, según reportes de organismos humanitarios.

Entre líneas

La cifra oficial de muertos superó los 5.000, pero el gobierno no actualiza su conteo de desaparecidos desde el 25 de junio (157 personas), mientras registros ciudadanos hablan de más de 30.000. La discrepancia refleja la dificultad de contabilizar víctimas en zonas donde la respuesta estatal fue tardía y los equipos internacionales ya se retiraron.

La fase de emergencia cedió paso a la reconstrucción, pero las familias que aún buscan a sus seres queridos en los escombros chocan con la urgencia técnica de demoler edificios inestables. El conflicto entre la necesidad de dar sepultura y la seguridad estructural sigue sin resolverse.