Por qué importa
Cerro Chuño se convirtió en los últimos años en un punto crítico para el crimen organizado en el norte de Chile. La banda "Los Gallegos", vinculada al Tren de Aragua, operaba desde allí, con delitos que incluyen narcotráfico, secuestros, homicidios y extorsiones. El desalojo marca un cambio en la política de recuperación de terrenos ocupados ilegalmente.
El estado de las cosas
El operativo se divide en cuatro etapas que se ejecutarán durante dos días. Hasta el momento:
- 115 viviendas ya estaban desocupadas antes del inicio.
- Otras 40 familias están abandonando el lugar voluntariamente.
- Las autoridades inhabilitan las viviendas retirando puertas, ventanas y baños para impedir reocupaciones.
- La DGAC declaró el sector como espacio aéreo restringido por seguridad.
Tres puntos de apoyo están disponibles para los afectados: el anfiteatro del sector, la Escuela América y la Villa Albergue, donde reciben orientación social. Según la seremi de Gobierno, cerca del 76% de los residentes son extranjeros.
Entre líneas
Algunos residentes cuestionan el operativo y afirman que en el sector desalojado viven personas "de buen vivir", mientras que la actividad delictiva se concentraría en otra zona del cerro llamada Morrillos. También señalan que intentaron regularizar sus servicios básicos, pero el Serviu y las empresas eléctrica y sanitaria se lo impidieron por tratarse de terrenos fiscales.
Lo que dicen
El delegado presidencial regional, Cristián Sayes, calificó la jornada como tranquila: "Hemos tenido una jornada sin violencia, muy expedita, y con una buena recepción o entendimiento de las personas de que esto lo vamos a recuperar".
Por su parte, la seremi Pollyana Rivera explicó que el desalojo es mayoritariamente voluntario y que las viviendas intervenidas están siendo inhabilitadas.
Qué sigue
El proceso incluye cuatro etapas en total. Una vez completado el cierre perimetral, las autoridades comenzarán a retirar los techos de asbesto y los trasladarán a un depósito en Antofagasta. La demolición de las estructuras está prevista para fines de agosto.
El operativo también enfrenta disputas legales: la Corte de Apelaciones de Arica admitió un recurso de protección presentado por habitantes de las villas Amanecer y Los Laureles, pero rechazó suspender el desalojo mientras se resuelve el caso.