Cómo llegamos aquí

El Ejecutivo ingresó el proyecto con suma urgencia a principios de junio, argumentando que el presupuesto del año subestimó gastos y sobrestimó ingresos. La solicitud se suma a una serie de ajustes fiscales que han ido alejando las promesas de campaña de equilibrio fiscal y crecimiento del 4%.

El gobierno necesitaba el apoyo de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) para alcanzar los votos, ya que oficialismo y Partido Nacional Libertario solo aseguraban 76.

Lo que dice el gobierno

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la necesidad de los recursos con tres puntos:

  • Déficit fiscal: US$3.800 millones adicionales por menores ingresos públicos.
  • Efecto cambiario: US$900 millones por la apreciación del peso frente al dólar.
  • Deuda flotante: US$1.500 millones para pagar obligaciones pendientes con proveedores estatales, arrastradas desde la administración anterior.

Quiroz afirmó que "el Presupuesto 2026 no estaba adecuadamente financiado" y que el proyecto busca corregir esa situación, no agregar nuevos gastos.

Lo que dicen los apoyos clave

Los votos de la DC y el PDG fueron determinantes. La diputada Zandra Parisi (PDG) señaló que "a nadie le gusta endeudarse, pero vemos que el Gobierno no tiene más opciones" y exigió transparencia en el uso de los recursos.

El jefe de la bancada DC, Jorge Díaz, explicó que respaldaron el proyecto porque "no podemos seguir sacrificando a la clase media y trabajadora con menos derechos sociales". El respaldo incluyó el compromiso del ministro Quiroz de no recortar áreas críticas como la atención oncológica.

Qué sigue

El proyecto ahora inicia su segundo trámite legislativo en el Senado, donde deberá ser discutido y votado por la Cámara Alta. El gobierno necesitará nuevamente reunir los votos suficientes, en un escenario donde la oposición ha criticado la falta de una estrategia clara para reducir el endeudamiento a largo plazo.

La aprobación en el Senado no está asegurada: el debate sobre la sostenibilidad fiscal y el impacto en la deuda pública, que ya roza el 45% del PIB, sigue abierto.