El estado de las cosas

La Contraloría identificó una serie de incumplimientos transversales en las tres instituciones a cargo del Programa de Reunificación Familiar:

  • Falta de coordinación: No existían protocolos comunes para transferir información, ni medidas ante situaciones como la muerte del adulto solicitante o la ausencia de tutores al momento del ingreso.
  • Sin trazabilidad: Ninguno de los servicios acreditó formalmente ante la Contraloría qué acciones concretas tomó para ubicar a los 64 menores. Los avances se informaron solo por prensa.
  • Domicilios no verificados: De 105 niños visitados en terreno, 64 no fueron hallados en las direcciones registradas. Domicilios cerrados, inexistentes o cambios de residencia sin notificación.
  • Controles migratorios deficientes: Una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido, sin que se aplicara la sanción correspondiente. Tampoco se verificó suficientemente a los adultos responsables.

El dato clave: el memorándum que rebajó requisitos

La Contraloría apunta directamente al memorándum N° 1.886, firmado el 13 de mayo de 2024 por el entonces director de Migraciones, Luis Thayer. Ese documento autorizó flexibilizar requisitos legales para ciudadanos haitianos —como certificados vencidos o no legalizados— sin contar con atribuciones para hacerlo.

El organismo fiscalizador sostiene que esa decisión constituye una vulneración al ordenamiento jurídico: “Los requisitos y documentación idónea para el ingreso al país están establecidos en la ley, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un simple memorándum”. Agrega que ello implica “arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores o de la potestad reglamentaria”.

Lo que dicen

El informe asigna responsabilidades a Thayer, quien lideró Sermig durante el gobierno de Gabriel Boric. La Contraloría instruyó sumarios administrativos en las tres instituciones —Sermig, PDI y Subsecretaría de la Niñez— para determinar sanciones.

El gobierno de José Antonio Kast había instalado la tesis de un “terrible desorden administrativo” durante la semana de búsqueda de los menores. El informe final de la Contraloría respalda esa lectura, aunque va más allá al calificar como ilegal la acción del exdirector de Migraciones.

Qué sigue

Los sumarios abiertos definirán sanciones para los funcionarios responsables. Además, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público, que ya investiga el caso por posible tráfico de migrantes. La Fiscalía, sin embargo, descartó esta semana cualquier indicio de tráfico de órganos y mantiene el foco en la figura de tráfico ilícito de personas, no en trata.

El informe cierra una semana de intensa movilización institucional que incluyó a los tres poderes del Estado, Unicef y la creación de una fuerza de tarea interministerial. Ahora el debate político se desplaza hacia las responsabilidades administrativas y legales de la gestión migratoria previa.