El panorama general
El caso comenzó cuando la Contraloría advirtió que de 105 menores haitianos ingresados bajo reunificación familiar, no lograba ubicar a 64. El gobierno activó una fuerza de tarea, la Fiscalía abrió investigación y se habló de posible tráfico de personas. Tras el rastreo territorial, la PDI verificó que todos estaban con familiares, escolarizados y con situación migratoria regular.
Entre líneas
La oposición, encabezada por el diputado Gonzalo Winter (FA), sostiene que el gobierno “vio en un informe reservado una oportunidad política” y alimentó una alarma innecesaria. Winter afirmó que “nunca estuvieron perdidos” y acusó a la derecha de usar el caso para endurecer el discurso migratorio. El Ejecutivo defiende su actuar como una respuesta responsable ante una alerta institucional.
Lo que sabemos (y lo que no)
- Ubicación: 63 menores en Chile, una adolescente en México (contactada por videollamada con sus padres).
- Estado: Todos bien físicamente; la mayoría escolarizados e inscritos en salud.
- Delitos descartados: No hay evidencia de tráfico, trata ni tráfico de órganos.
- Caso pendiente: Cinco menores no tienen registro escolar, posiblemente por llegada reciente (más del 50% tiene entre 15 y 18 años).
Qué sigue
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, afirmó que “el trabajo recién comienza”. El gobierno mantendrá la fuerza de tarea para mejorar los controles de reunificación familiar. La Cancillería envió un equipo a Haití y designó un embajador especial. En el Congreso, la oposición impulsa una comisión investigadora para evaluar la reacción del Ejecutivo.